La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), promotora de la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) considera un hito histórico la medida ministerial que prohíbe la caza del cánido, salvo en circunstancias muy excepcionales, aunque también la considera insuficiente. Su presidente, Ignacio Martínez, ha explicado en Hoy por Hoy Cantabria, las disposiciones adicionales que permiten los planes de gestión de las CCAA permiten en la práctica que se pueda seguir matando lobos.
Martínez considera que hay una jerarquía normativa, que el ganado no es público y el lobo sí, por ello defiende que cada ganadero debe cuidar su negocio. “La preservación de le biodiversidad y el lobo es un elemento clave, está por encima de los intereses particulares de cada ganadero” ha resaltado. “Los ganaderos reciben estructuralmente ayudas de la PAC para que su actividad sea compatible con la biodiversidad y de forma coyuntural se les abonan los daños” ha añadido Martínez, que resalta que hay ganaderos que no sufren daños, “algo estarán haciendo bien” o “algo estarán haciendo mal los otros”.
Ascel ha registrado una petición para que el gobierno de Cantabria suspenda la resolución que marca un cupo de 34 ejemplares y considera que el consejero de desarrollo rural, Guillermo Blanco, está incurriendo en insubordinación ambiental. “Matar un lobo, con la ley en la mano, tiene consecuencias penales, que nadie lo olvide” ha advertido Martínez.
