Pero, ¿hasta qué punto son ciertas estas acusaciones? ¿Y qué parte hay de picaresca organizada en todo ello?
Mortalidad natural en la ganadería extensiva
Diversos estudios realizados en explotaciones de ganadería extensiva indican que entre un 5% y un 10% del ganado muere cada año por causas naturales: enfermedades, accidentes, partos complicados o condiciones climáticas extremas. Esta tasa es común en todo el territorio español y es parte inherente a la actividad ganadera al aire libre.
Sin embargo, en comunidades como Cantabria o Asturias, los datos muestran un comportamiento estadístico anómalo: la mortalidad natural parece ser mucho menor. La razón de esta aparente mejora no se encuentra en mejores condiciones sanitarias o de gestión, sino en una práctica cada vez más denunciada por técnicos, veterinarios e inspectores del propio sector: la atribución sistemática de esas muertes al lobo u otros depredadores, con el fin de acceder a indemnizaciones públicas.
Indemnizaciones con nombre de lobo
Las administraciones públicas, tanto autonómicas como estatales, ofrecen ayudas económicas para compensar daños causados por fauna salvaje protegida, como el lobo. Estas indemnizaciones son legítimas cuando un ataque es real, pero se han convertido en un incentivo perverso para una parte del sector ganadero.
Desde distintos ámbitos se denuncia una picaresca estructurada que consiste en declarar como ataque lo que en realidad son muertes naturales, imposibles de comprobar una vez avanzado el proceso de descomposición del animal o en ausencia de pruebas concluyentes.
Pero el fraude va más allá. Hay informes que alertan sobre prácticas aún más graves, como:
Transportar animales muertos o moribundos a zonas de montaña donde se sabe que hay presencia de lobos, para simular un ataque.
Abandonar animales enfermos o de bajo valor económico en áreas de pasto remoto, con el objetivo de que mueran y sean atribuidos a depredadores.
Estas prácticas no solo constituyen un fraude directo a los fondos públicos, sino que fomentan el odio y el miedo hacia especies clave para los ecosistemas, distorsionan el debate público y desacreditan la lucha legítima del medio rural por condiciones justas.
Una narrativa interesada
La criminalización del lobo ha calado en ciertos discursos rurales y políticos, donde se utiliza como símbolo de abandono del campo o de imposición urbana sobre el mundo rural. Sin embargo, esta narrativa olvida convenientemente los millones de euros que el sector agroganadero recibe cada año a través de la PAC, ayudas autonómicas, subvenciones y compensaciones por daños, financiadas por todos los contribuyentes.
Atribuir al lobo responsabilidades que no le corresponden es una forma de desviar la atención de los problemas estructurales del sector: modelo productivo obsoleto, falta de relevo generacional, desigualdad en el reparto de ayudas, dependencia de subvenciones y escasa innovación.
Reivindicar la verdad y la conservación
No se trata de negar que existan daños reales provocados por el lobo. Los hay, y deben ser abordados con soluciones técnicas y compensaciones justas. Pero también es urgente desenmascarar la utilización interesada del conflicto, evitar el fraude y fomentar modelos de convivencia entre ganadería extensiva y biodiversidad, tal como ocurre con éxito en otras regiones europeas.
Proteger al lobo no es ir contra el campo. Es, precisamente, apostar por un medio rural vivo, auténtico y sostenible, libre de intereses que manipulan la realidad para seguir viviendo del dinero público sin asumir responsabilidades ni transformar un modelo que ya no se sostiene por sí solo.
¿Y tú? ¿Qué modelo de campo quieres para el futuro: uno basado en el equilibrio ecológico o uno cimentado sobre el engaño, la subvención perpetua y la destrucción de nuestra biodiversidad?