Esta sorprendente e injustificable realidad es el resultado de extrapolar algunos de los pocos datos que el lobby de la caza y las administraciones hacen públicos de esta actividad, habitualmente muy poco transparente.
España cuenta con un total de 50.6 millones de hectáreas, de las que 42 millones están consideradas coto de caza o zona cinegética habilitada. Un auténtico disparate heredado de la Edad Media, que la realeza y su aristocracia crearon, pero que la posterior burguesía ha seguido alimentando.
Los diferentes gobiernos que han contribuido al avance del país desde la llegada de la Democracia, sin embargo, nunca se han embarcado en la democrática tarea de corregir esta amenaza y enorme agravio al restante 98,77 por ciento de la población española que no caza, y que prefiere que no haya más vidas destrozadas en el monte, incluida la suya.
En realidad no se trata sólo de un agravio sino de un posible incumplimiento de la propia Constitución Española, según expresa claramente el artículo 45 en su última versión de 1978.
- Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo
- Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
- Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.
El derecho al medio ambiente adecuado es universal y pertenece a todos los ciudadanos (art. 45 CE). Cuando la actividad de una minoría (menos del 2%) impone restricciones, efectos negativos, peligros y numerosos casos de muertes, que afectan al 98,77% restante, se vulnera el interés general que protege la Constitución.
Este desequilibrio no sólo supone un gravísimo perjuicio ambiental, sino que limita el ejercicio del derecho de la mayoría a disfrutar de espacios naturales libres de riesgo, contaminación y degradación.
Esta Carta Fundamental “obliga a los poderes públicos a garantizar que las actividades que se realicen en el entorno natural respeten el interés general de la población y preserven la biodiversidad y el equilibrio ecológico”. Justo lo contrario de lo que supone la caza…
El peligro público de la caza en España: 121 persona muertas en los últimos 18 años, 121 familias rotas y casos olvidados
Un análisis de Maldita.es con datos de la Guardia Civil documentó 63 muertes y 483 heridos por accidentes de caza entre 2007 y 2020, sin incluir comunidades como el País Vasco o Cataluña (Maldita.es, 2021). A esta cifra se suman los 32 fallecimientos registrados por PACMA entre 2022 y 2024, así como los casos documentados por Colectivos contra la Caza, que en su informe más reciente contabilizan 11 muertes y 19 heridos solo en 2024 (PACMA, 2025; Europa Press, 2025). Estos estudios se complementan con el trabajo de la Fundación Franz Weber en Catalunya, que suma 15 personas muertas por disparos de cazadores en Catalunya entre 2006 y 2022. Por lo tanto, el cómputo más aproximado de muertes en España (sin contar Euskadi) provocadas por los disparos de cazadores fueron, como mínimo de 121 personas
Cada temporada de caza en España es una ruleta rusa que no sólo se cobra la vida de millones de animales, sino que hiere y mata a numerosas personas y destroza a sus familias.
Realmente no se trata de accidentes. Son consecuencias evitables. Y por tanto, responsabilidades penales. Sin excusas.
De esas 121 muertes, 70 ocurrieron en 5 años
Según datos recopilados por organizaciones como PACMA y la Plataforma NAC, más de 70 personas han muerto por actividades cinegéticas en los últimos 5 años, y casi 150 han resultado heridas.
Hablamos de senderistas, ciclistas, vecinos alcanzados por balas que atraviesan ventanas, perros de rehala que matan a una mujer, etc.
- La Plataforma NAC (No a la Caza) detectó al menos 12 muertos y 40 heridos en solo una temporada de siete meses.
La opacidad institucional es tal que no existe un registro oficial de víctimas humanas por caza. Es decir: el Estado español ni siquiera sabe, o no quiere saber, cuántas personas mueren por la caza legalizada cada año…
Quién vigila las monterías. Falta de controles e impunidad
El criminólogo y policía (Máster en Perfilación criminal), además de experto en Prevención del maltrato animal, David Dorado Rivera, es el autor del estudio ¿Quién vigila a los cazadores? Regulación y control en la actividad cinegética”.
Este detallado artículo, publicado en marzo de 2025, ha plasmado de manera científica algo que la clase política conoce y asume, pero que se niega a solucionar:
La caza mayor, y en particular las monterías, se desarrollan en España bajo un entramado legal y de prácticas que carecen de controles preventivos sólidos. El informe ¿Quién vigila a los cazadores? Regulación y control en la actividad cinegética documenta con detalle cómo, pese a la elevada peligrosidad intrínseca de estas batidas (armas de fuego, grandes grupos de personas, perros, vehículos), no existe una práctica homogénea y eficaz de vigilancia preventiva sobre alcohol, drogas, armas y protocolos de seguridad. Esa laguna convierte muchas jornadas en espacios donde la normativa existe sobre el papel, pero no se aplica en la práctica. (catedraanimalesysociedad.org)…
La absurda respuesta que evidencia lo que hay detrás. ‘Muertes por falta de personal o por órdenes para no controlar las monterías’
La respuesta ante tal necesidad de seguridad ciudadana y control medioambiental es siempre la misma, una respuesta que debería sonrojar a los responsables de estos cuerpos, pero que ellos mimos asumen como válida, cuando no lo es. Ambos cuerpos, el SEPRONA y los agentes forestales, se justifican alegando que no cuentan con efectivos suficientes para controlar todas las monterías que se celebran cada semana. Esta respuesta, que resulta increíble, es real, tal cual…
Entonces, la falta de control se asume como algo inevitable. Igualmente se debe asumir el evidente riesgo de muertes en los montes públicos cada semana. Y por último, se tienen que asumir también las muertes y desgracias de tantas personas y familias arruinadas por las ociosas jornadas de caza.
El absurdo, si este problema de seguridad ciudadana y ambiental fuera valorado en su justa medida por legisladores y jueces, es comparable al hecho de que en las carreteras no hubiera controles ni patrullas de Tráfico en las carreteras, con la excusa de que no tienen efectivos suficientes para cubrir la cantidad de coches que circulan los fines de semana.
Muertes por falta de personal, deberían catalogarse en las estadísticas del Ministerio de Interior. Sin embargo, hay que destacar que ésta es una estadística que el ministerio nunca realiza, a pesar de tantos casos de muertes de ciudadanos. Y se desconoce el motivo, aunque es evidente que si el Ministerio de Interior ha intentado ya, o pretendiera ahora, elaborar y publicar esos datos, el lobby activaría todos sus resortes de presión para impedirlo.
En realidad, la vida perdida de ese superado centenar de personas muertas en 18 años y el destrozo de sus familias, no es sólo por falta de personal, es la consecuencia de una permisividad cómplice con este lobby cargado de viejos privilegios. Todos ellos traducidos en graves perjuicios para la naturaleza, la fauna y el resto de ciudadanos…
La complicidad de los distintos gobiernos con el oscurantismo de la caza y sus daños a la sociedad es algo que debería motivar más de una pregunta en el Parlamento español y europeo.
Silencio en los montes: Seprona y agentes ambientales en el punto de mira
En los bosques de España hay un murmullo incómodo que pocos se atreven a romper: la sensación de que quienes deberían velar por la legalidad cinegética, agentes forestales y SEPRONA, miran hacia otro lado. No siempre, pero con demasiada frecuencia. Y en unas comunidades más que en otras, donde el profesionalismo es evidente frente a las presiones de sus superiores orgánicos o políticos.
El problema no es solo la caza furtiva o las monterías fuera de control, sino la ausencia de vigilancia real y la sospecha, cada vez más extendida, de complicidades locales entre cazadores y quienes deberían inspeccionarlos…
En Ponga (Asturias), la imagen de cabezas de lobo en la entrada del Ayuntamiento en enero de 2023 causó una gran indignación nacional. Colectivos como ASCEL, Lobo Marley y Ecologistas en Acción denunciaron la pasividad institucional. El SEPRONA anunció una investigación. Sin embargo, nunca se identificó a los autores ni se comunicó ningún resultado.
El propio consejero asturiano de Medio Rural entonces, Alejandro Calvo (Psoe), cazador declarado, se mostró sospechosamente alineado con los delincuentes ambientales al calificar el acto como “una gamberrada”. Dos años después, el caso está archivado de facto…
2 comentarios
Todo mi apoyo y disposición y toda mi repulsa a la caza necesitamos los prolobos y amantes del patrimonio natural que somos muchos que alguien nos una para luchar juntos
Retroenlace: EL PLACER DE MATAR: radiografía de la caza en España |