La cuestión no es menor. De la respuesta dependen los diagnósticos sobre el estado de conservación de la especie y las políticas que posteriormente se aplican sobre ella. Y cuando hablamos de una especie que durante décadas ha sufrido persecución, que todavía soporta una enorme presión política y social y cuya conservación se encuentra permanentemente condicionada por los intereses de determinados sectores, la calidad de los datos debería ser incuestionable.
Sin embargo, un trabajo presentado por el biólogo Alfonso Ceña en el XVII Congreso Internacional de la SECEM vuelve a poner sobre la mesa una realidad que debería hacer saltar todas las alarmas: los censos oficiales pueden estar sobreestimando de manera muy importante el número de grupos de lobos existentes en determinadas zonas del Sistema Ibérico septentrional. El estudio encuentra diferencias que rondan el 50 % y calcula una sobreestimación del número de manadas del 44,4 % en el conjunto del área analizada, que llegaría al 55,6 % si se excluye una agrupación considerada dudosa.
No estamos, por tanto, ante una diferencia estadística insignificante. Estamos hablando de una discrepancia suficientemente importante como para modificar radicalmente la percepción que podemos tener sobre la situación real de la especie en un territorio.
Y aquí aparece la cuestión fundamental: si existen dudas razonables sobre el número real de lobos, resulta absolutamente irresponsable construir sobre esas cifras una narrativa de abundancia que posteriormente se utilice para justificar la persecución de la especie.
Cuando los lobos que aparecen sobre el papel no coinciden con los que existen en el territorio
El trabajo de Alfonso Ceña se desarrolla en el Sistema Ibérico septentrional, fundamentalmente en territorios de La Rioja y zonas limítrofes de Burgos y Soria. Se trata de un territorio especialmente interesante porque constituye una zona de conexión entre diferentes áreas de presencia del lobo y porque, como ocurre en buena parte del norte peninsular, las poblaciones no respetan las fronteras administrativas establecidas por el ser humano.
El lobo no sabe dónde termina La Rioja y comienza Castilla y León. No sabe dónde acaba Burgos y comienza Soria. Una manada puede utilizar territorios pertenecientes a diferentes provincias y comunidades autónomas, y los individuos dispersantes pueden recorrer grandes distancias. La realidad biológica, por tanto, no coincide necesariamente con la división administrativa sobre la que se organizan los censos.
El problema aparece cuando cada administración realiza su propio seguimiento sin una coordinación suficiente y después los datos se suman como si cada territorio fuera una unidad ecológica independiente. Una misma manada puede aparecer en los registros de dos administraciones diferentes y terminar contabilizada como dos grupos distintos. El estudio de Ceña pone precisamente el foco en esta posibilidad y en la necesidad de evitar duplicidades mediante una metodología coordinada.
El resultado de las prospecciones realizadas resulta especialmente significativo. Frente a las nueve manadas que aparecen atribuidas oficialmente al área estudiada, el trabajo de campo identificó un máximo de cinco grupos, tres de ellos con reproducción confirmada y otros dos sin evidencias suficientes de reproducción. La diferencia no es anecdótica: implica que una parte importante de las unidades que aparecen en los registros administrativos podrían no corresponder a grupos familiares independientes.
Y aquí conviene detenerse. Porque una manada no es una huella. Una manada no es un excremento. Una manada no es una observación aislada de un individuo. Una manada es una unidad social y territorial, generalmente familiar, cuya existencia debe demostrarse mediante un conjunto suficientemente sólido de evidencias.
Contar un lobo no significa haber contado una manada
Uno de los problemas fundamentales de cualquier censo de fauna silvestre consiste precisamente en diferenciar entre presencia, reproducción y población. Encontrar un lobo en una zona demuestra que un lobo ha pasado por allí. Encontrar varios indicios puede demostrar una presencia habitual. Encontrar evidencias reproductoras permite confirmar un grupo familiar. Pero convertir automáticamente cada indicio en una nueva manada es otra cosa completamente diferente.
Esta distinción resulta fundamental en el caso del lobo porque se trata de una especie extraordinariamente móvil y discreta. Los animales se desplazan, los jóvenes abandonan los grupos familiares, los individuos dispersantes pueden recorrer grandes distancias y las manadas pueden compartir o solapar áreas de campeo con otras unidades familiares en determinadas circunstancias.
Por eso, la metodología utilizada para establecer el número de manadas resulta tan importante como el propio resultado final.
El trabajo presentado por Ceña realizó prospecciones sobre 47 áreas en las que las administraciones habían situado grupos de lobos y encontró evidencias claras en una parte mucho menor. El estudio señala precisamente la necesidad de diferenciar entre indicios puntuales y unidades familiares independientes.
Esto no significa que toda ausencia de detección implique necesariamente que no exista un lobo. Sería científicamente incorrecto afirmarlo. Los animales pueden pasar desapercibidos y cualquier seguimiento de fauna silvestre tiene márgenes de incertidumbre. Pero precisamente por eso los censos deberían incorporar y reconocer esa incertidumbre en lugar de convertir estimaciones en certezas absolutas.
El problema no es contar mal: el problema es qué se hace después con el número
Aquí es donde la cuestión deja de ser exclusivamente científica y adquiere una enorme dimensión política.
Un error en un censo puede corregirse. Una metodología puede revisarse. Una estimación puede actualizarse. Pero si una cifra inflada sirve para construir la imagen de una población extraordinariamente abundante y esa imagen se utiliza después para justificar la persecución de la especie, las consecuencias dejan de ser estadísticas.
El proceso es sencillo. Primero se establece una determinada cifra de población. Después esa cifra aparece en informes y documentos administrativos. A continuación se utiliza para construir un diagnóstico sobre la supuesta abundancia del lobo. Finalmente, ese diagnóstico se convierte en argumento político para incrementar la presión sobre la especie.
Por eso es tan importante saber cómo se ha obtenido cada cifra y cuál es su margen de incertidumbre. No es suficiente con que el número sea oficial. Tiene que ser científicamente sólido.
La Rioja y Cantabria vuelven a mirar al lobo con el rifle
Y mientras todo esto sucede, La Rioja y Cantabria vuelven a colocar al lobo en el centro de sus políticas de persecución. En La Rioja, la Orden de Caza para la temporada 2026-2027 incluye expresamente al lobo entre las especies cazables y establece periodos para su caza en batida y rececho. Es decir, el lobo vuelve a aparecer convertido administrativamente en una pieza de caza, en un territorio donde precisamente el estudio de Alfonso Ceña pone de manifiesto importantes discrepancias entre los censos oficiales y la realidad encontrada sobre el terreno.
En Cantabria, el Gobierno autonómico ha aprobado en marzo de 2026 un nuevo «Plan de Gestión» del Lobo que contempla el denominado “control de ejemplares” en función de los daños y de la evolución de la población. Después de la brutal política desarrollada en los últimos años, que provocó la muerte de decenas de lobos y que fue objeto de una intensa contestación judicial y conservacionista, la aprobación de este nuevo plan demuestra que la presión política para seguir actuando contra la especie no ha desaparecido.
Y aquí es donde el problema de los censos adquiere toda su dimensión. Mientras existen investigaciones que obligan a cuestionar la precisión de determinadas cifras, las administraciones continúan utilizando los datos poblacionales como una de las bases para decidir sus políticas sobre el lobo. No estamos ante una discusión académica: estamos hablando de qué imagen de la población se presenta a la sociedad y de las consecuencias que puede tener esa imagen. Si se transmite la idea de que existen muchos más lobos de los que realmente hay, se crea artificialmente una sensación de abundancia que favorece el discurso de quienes quieren perseguirlos.
No es casualidad que este debate coincida con el intento de varias comunidades autónomas de presentar una visión favorable del estado de conservación del lobo frente a la posición del MITECO y de buena parte de la comunidad científica. En junio de 2026 se produjo un fuerte enfrentamiento entre el MITECO y la mayoría de las comunidades autónomas con presencia estable de lobo sobre la valoración de su estado de conservación: mientras el Ministerio mantiene que la situación de la especie no permite considerar garantizada su viabilidad a largo plazo, la mayoría de las comunidades respaldaron una valoración favorable. El enfrentamiento no es una cuestión meramente administrativa o estadística. Detrás de esa discrepancia existe una cuestión fundamental: qué diagnóstico se adopta sobre el estado real del lobo determina también el marco desde el que posteriormente se diseñan las políticas de conservación y las medidas que pueden afectar a la especie. Y precisamente por eso resulta tan preocupante que, al mismo tiempo que se discute políticamente cuál es el estado de conservación del lobo, aparezcan investigaciones que cuestionan la precisión de algunos de los censos utilizados para construir ese diagnóstico.
Por eso el estudio de Ceña llega en un momento especialmente incómodo para quienes quieren construir su política sobre la supuesta abundancia del lobo. Porque antes de decidir qué hacer con una especie, hay que saber realmente cuál es su situación. Y si existen indicios científicos de que determinados censos pueden estar sobreestimando de forma muy importante el número de manadas, lo responsable no es mirar hacia otro lado, sino revisar los datos. La conservación no puede construirse sobre cifras convenientes.
El lobo no entiende de fronteras administrativas
La investigación de Ceña vuelve a poner sobre la mesa uno de los problemas históricos de la gestión del lobo en España: la división administrativa del territorio no coincide con la realidad ecológica de las poblaciones.
Una manada que utiliza territorio riojano y burgalés sigue siendo una única manada. Un animal que cruza de Cantabria a Euskadi no se convierte en otro lobo cuando atraviesa una frontera autonómica. Un grupo que utiliza zonas de Asturias y Castilla y León no puede contabilizarse como dos unidades familiares diferentes simplemente porque dos administraciones hayan realizado seguimientos separados.
Sin embargo, esta posibilidad de duplicidad adquiere una importancia extraordinaria cuando se utilizan las cifras para construir diagnósticos sobre el tamaño de la población.
El problema es todavía mayor cuando las metodologías, los periodos de seguimiento y los criterios para determinar qué constituye una manada no son exactamente iguales entre territorios. Una población biológica debe estudiarse como población biológica, no como la suma de las fronteras administrativas que atraviesa.
Una población aparentemente mayor puede generar una falsa sensación de seguridad
Durante años hemos escuchado que el lobo se encuentra en una expansión imparable, que su población aumenta constantemente y que existe una supuesta abundancia que permitiría reducir drásticamente su protección. Pero la realidad científica es mucho más compleja.
El último censo estatal contabiliza 333 manadas en España, una cifra que constituye una referencia fundamental para conocer la distribución de la especie, pero que no puede interpretarse por sí sola como prueba de que el lobo se encuentre en un estado favorable de conservación. El número de manadas no equivale directamente al número exacto de individuos y, mucho menos, determina por sí mismo la viabilidad futura de la población.
Además, la evaluación científica que fundamentó la protección estatal del lobo concluyó que su estado de conservación era desfavorable-inadecuado (U1), señalando problemas relacionados con la mortalidad no natural y con la necesidad de garantizar una situación favorable de conservación.
Por tanto, resulta científicamente incorrecto convertir una determinada cifra de manadas en el argumento simplista de que “hay demasiados lobos”. Tener una cifra no equivale a conocer el estado de conservación de una especie.
El ejemplo de Asturias: 345 lobos sobre los que se construyó un programa de 53 “extracciones”
La importancia de esta discusión se comprende todavía mejor cuando se observa lo ocurrido en Asturias.
El Principado estableció un programa que contemplaba hasta 53 “extracciones” de lobos, partiendo de una estimación mínima de 345 ejemplares. La propia Administración utilizó esa cifra para calcular el porcentaje que supondría la mortalidad prevista respecto de la población estimada.
Pero existe una cuestión previa que debería resultar ineludible: ¿con qué grado de certeza conocemos esos 345 ejemplares?
No se trata de afirmar que esa cifra sea necesariamente incorrecta. Se trata de algo mucho más elemental: cuando existen investigaciones que ponen de manifiesto problemas metodológicos y posibles sobreestimaciones en determinados censos, resulta imprescindible conocer el margen de incertidumbre de las cifras utilizadas por las administraciones. Porque una estimación no deja de ser una estimación por aparecer en un documento oficial. Y mucho menos puede convertirse automáticamente en una licencia para matar.
Por eso en la Iniciativa Popular por el Lobo rechazamos incluso el planteamiento de que el debate deba consistir en determinar cuántos lobos pueden morir. La cuestión no es cuántos ejemplares podemos permitirnos perder. La cuestión es cómo garantizamos que una especie protegida y esencial para nuestros ecosistemas se conserve en un estado favorable.
“Extracciones”: el eufemismo administrativo para no decir que se mata al lobo
Hay además una cuestión lingüística que merece ser señalada.
Las administraciones utilizan habitualmente términos como “extracción”, “control poblacional” o “gestión” para describir actuaciones que terminan con la vida de lobos. El lenguaje administrativo puede convertir una realidad brutal en una expresión aparentemente neutra. Por eso en este medio hablamos de “extracciones”, siempre entrecomilladas. Porque una “extracción” de un lobo significa que ese lobo muere.
Y cuando se mata una hembra reproductora no desaparece simplemente un individuo de una estadística. Puede desaparecer una camada. Cuando se elimina un reproductor puede desestructurarse una unidad familiar. Cuando se acaba con varios miembros de un grupo, las consecuencias pueden prolongarse mucho más allá del animal que aparece registrado en el informe administrativo. Las palabras no deben servir para esconder las consecuencias de las decisiones.
No podemos matar primero y contar después
Aquí encontramos una de las contradicciones más graves de la política que se ha aplicado en algunas comunidades autónomas. Mientras aparecen investigaciones que ponen en cuestión la precisión de determinados censos, se mantienen políticas de persecución directa del lobo basadas precisamente en estimaciones poblacionales. Es un planteamiento profundamente equivocado.
Primero debe conocerse la realidad de la población. Después debe garantizarse su conservación.
No al revés. No podemos aceptar que una incertidumbre científica se convierta en una razón para incrementar la presión sobre una especie. Si existen dudas sobre el número de manadas, esas dudas deben resolverse mediante más ciencia, mejores métodos y seguimiento independiente. No mediante la muerte de animales.
La solución pasa por una auditoría independiente de los censos
El trabajo de Alfonso Ceña debería servir como punto de partida para algo mucho más ambicioso: una revisión independiente y coordinada de los sistemas de seguimiento del lobo en España.
Necesitamos metodologías homogéneas, coordinación entre comunidades autónomas, unidades de seguimiento basadas en criterios ecológicos y no administrativos, sistemas que permitan identificar duplicidades y herramientas capaces de distinguir entre presencia ocasional, grupo familiar y reproducción.
También necesitamos transparencia. Los datos brutos, los criterios de identificación, los periodos de seguimiento y los métodos utilizados deberían estar disponibles para la comunidad científica y para la sociedad.
Y esa revisión debería realizarse con independencia de los intereses políticos de las administraciones que después tendrán que gestionar el conflicto. Porque si un gobierno tiene la intención política de perseguir al lobo, no puede ser al mismo tiempo juez y parte a la hora de determinar cuántos lobos existen y cuál es el estado de conservación de la especie.
La ciencia no consiste en defender una cifra porque sea oficial
Este es quizá uno de los mensajes más importantes que deberíamos extraer de esta investigación. El estudio de Ceña no demuestra que todas las cifras oficiales sean falsas. Tampoco permite afirmar que exista una falsificación deliberada de los censos. Y sería científicamente irresponsable extrapolar automáticamente sus resultados a toda España.
Pero sí demuestra que pueden existir discrepancias muy importantes entre las cifras oficiales y la realidad observada sobre el terreno, y que esas discrepancias merecen ser investigadas. Eso es precisamente lo que hace avanzar la ciencia. La ciencia no consiste en defender una cifra porque aparezca en un documento administrativo. Consiste en comprobar si esa cifra resiste el contraste con nuevas observaciones, nuevas metodologías y nuevas investigaciones.
Si el censo oficial es correcto, la revisión independiente debería confirmarlo. Si existen errores, deberán corregirse. Y si existen incertidumbres, deberán incorporarse a la interpretación.
¿Quién controla al que cuenta?
Esta pregunta debería estar en el centro del debate.
¿Quién comprueba que una manada compartida por dos comunidades no se contabiliza dos veces? ¿Quién verifica que un indicio corresponde realmente a un grupo reproductor? ¿Quién controla que las metodologías sean comparables? ¿Quién revisa las discrepancias entre censos autonómicos y estatales? ¿Quién establece el margen de incertidumbre? ¿Quién audita los resultados?
Y, sobre todo, ¿quién garantiza que los datos utilizados para diseñar las políticas sobre el lobo no están condicionados por decisiones políticas previamente adoptadas?
La respuesta debería ser una estructura científica independiente, transparente y sometida a controles externos. Porque la conservación de una especie no puede depender exclusivamente de los números que proporciona la administración que, simultáneamente, recibe presiones para perseguirla.
La incertidumbre científica exige precaución, no persecución
Existe un principio básico en conservación que debería resultar evidente: cuando existen dudas relevantes sobre la situación de una población vulnerable, la respuesta responsable es extremar la precaución.
No aumentar la presión sobre ella. No utilizar las estimaciones más favorables para construir una falsa sensación de abundancia. No convertir la incertidumbre en un argumento contra la especie. Y mucho menos utilizar cifras discutibles para justificar que determinados animales deben morir.
El principio de precaución debería funcionar precisamente al contrario: si no sabemos con suficiente certeza cuántos lobos hay, debemos proteger más, no menos.
El problema de fondo: convertir una estimación en una verdad absoluta
La política del lobo ha sufrido durante años una enorme simplificación. Se presenta una cifra, se presenta otra cifra de daños y se construye una conclusión aparentemente inevitable: hay muchos lobos y existen problemas, por lo que hay que perseguirlos. Pero entre esos datos y esa conclusión hay un enorme vacío científico.
¿Cuántas manadas existen realmente? ¿Cuántas son reproductoras? ¿Cuántas están compartidas entre comunidades? ¿Cuántas veces puede haberse contado el mismo grupo? ¿Cuál es el margen de error? ¿Cuántos individuos dispersantes existen? ¿Cuál es la mortalidad natural? ¿Cuál es la mortalidad ilegal? ¿Cómo evolucionan las poblaciones a largo plazo?
Sin responder a estas preguntas, un número aislado no puede convertirse en una justificación para la persecución del lobo.
No queremos más lobos contados. Queremos lobos vivos
Quizá esta sea la conclusión más sencilla de todo este debate. No necesitamos que las administraciones nos digan que existen cientos de lobos si después no pueden explicar con precisión cómo han llegado a esa cifra. No necesitamos mapas llenos de puntos si algunos de esos puntos pueden corresponder a una misma manada. No necesitamos estadísticas diseñadas para producir una determinada sensación política.
Necesitamos datos fiables, transparentes y científicamente contrastables. Necesitamos conocer cuántas manadas existen realmente, cuántas se reproducen, cómo están conectadas las poblaciones, qué mortalidad soportan y cuál es su evolución a largo plazo. Y necesitamos que esa información se utilice para garantizar su conservación, no para fabricar una apariencia de abundancia que facilite su persecución.
Porque el objetivo de un censo de fauna silvestre debería ser conocer la realidad para conservarla. No calcular cuántos animales podemos permitirnos perder. El lobo no necesita que sus cifras sean infladas para justificar su persecución.
Necesita exactamente lo contrario: que cada dato sea comprobable, cada metodología transparente y cada decisión esté sometida al máximo rigor científico. Porque si realmente queremos saber cuántos lobos hay, la respuesta no puede depender de lo que resulte políticamente conveniente.
Primero los datos. Después la ciencia. Después la conservación. Nunca al revés.
Y, sobre todo, hay algo que no deberíamos olvidar: un lobo muerto ya no puede aparecer en el siguiente censo.
Referencias
- Sobrestimación del 50 % en los censos oficiales de lobo en el Sistema Ibérico septentrional – XVII Congreso Internacional SECEM
- Sobrestimación (50 %) de los censos de lobo en el Sistema Ibérico septentrional – Alfonso Ceña
- Los censos sobrestiman un 50 % la población de lobo en el Sistema Ibérico, según un estudio – EFEverde
- El censo nacional del lobo 2021-2024 arroja una cifra total de 333 manadas – MITECO
- Programa Anual de Control del Lobo 2025-2026 en Asturias – Gobierno del Principado de Asturias
- Medio Rural autorizará la “extracción” de 53 lobos – Gobierno del Principado de Asturias
- Cantabria: vileza infinita – ASCEL
- El lobo ibérico, incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial – MITECO