La magnitud de la cifra resulta especialmente llamativa cuando se compara con la población sobre la que pretende aplicarse. El máximo de 67 individuos representa aproximadamente entre el 14,6 % y el 16,3 % de todos los lobos estimados por el propio Gobierno asturiano. Es decir, si se alcanzara el límite establecido, el programa permitiría eliminar en un solo periodo anual alrededor de uno de cada seis ejemplares de la población estimada. No estamos, por tanto, ante una actuación marginal o excepcional, sino ante una intervención de una dimensión considerable sobre una especie que ocupa actualmente alrededor del 83 % del territorio asturiano y cuya población, según los propios datos oficiales, ha experimentado una evolución creciente desde 2001.
67 lobos repartidos por todo el territorio
El nuevo programa distribuye las “extracciones” entre siete zonas de gestión. En la zona noroccidental se establece un máximo de siete lobos; en El Palo-Esva, ocho; en la zona suroccidental, cuatro; en la centro-occidental, ocho; en la zona central, ocho; en la centro-oriental, nueve, y en Picos de Europa —fuera del Parque Nacional—, cinco. A estas 49 “extracciones” se suman otras 18 autorizadas en las áreas sin gestión específica, aunque el propio programa contempla que esta cifra pueda incrementarse si las circunstancias lo requieren.
El argumento utilizado para justificar esta distribución es fundamentalmente el número de animales de ganadería afectados por daños atribuidos al lobo durante 2025. Así, por ejemplo, la zona de El Palo-Esva, con 1.022 cabezas afectadas, recibe un cupo máximo de ocho lobos; la zona centro-occidental, con 540 animales afectados, otros ocho; la centro-oriental, con 421, nueve; y Picos de Europa, con 230, cinco. En las áreas sin gestión específica se contabilizaron 1.066 ataques y se autoriza inicialmente la “extracción” de hasta 18 ejemplares.
Pero precisamente aquí aparece una de las cuestiones que deberían generar un mayor debate. El número de animales afectados por ataques no equivale automáticamente al número de lobos responsables, ni demuestra que la eliminación de determinados ejemplares vaya a resolver el problema de fondo. Tampoco permite establecer por sí solo que exista una relación directa entre el tamaño de una población y el número de daños. Para transformar esos datos en una política de intervención sobre una especie salvaje resulta imprescindible analizar la distribución espacial y temporal de los ataques, la correcta identificación de los responsables, la aplicación de medidas preventivas y, sobre todo, la eficacia demostrada de las actuaciones letales anteriores.
Una población que, según Asturias, sigue aumentando
El propio Gobierno asturiano afirma que el lobo ha experimentado una evolución positiva desde comienzos de siglo. En 2001 se contabilizaban 22 manadas y en 2025 se identificaron 50, de las cuales 46 fueron consideradas reproductoras, siempre según sus dudosas estimaciones. El Principado afirma además que la población aumentó un 11 % respecto al censo anterior y que este incremento se produjo a pesar de que durante el programa anterior fueron abatidos 31 ejemplares y otros 11 murieron por diferentes causas.
Este dato debería obligar a una reflexión que rara vez aparece en el discurso político sobre el lobo: si después de eliminar decenas de ejemplares la población continúa aumentando y el número de manadas también crece, ¿qué evidencia demuestra que incrementar nuevamente la presión sobre la especie constituye una solución eficaz y no simplemente la repetición de una estrategia que no ha resuelto el problema?
La respuesta no puede reducirse a afirmar que existen más lobos y más daños y que, por tanto, hay que eliminar más lobos. Esa relación causal necesita ser demostrada científicamente. La gestión de una especie salvaje no debería construirse a partir de una ecuación tan elemental como más lobos = más daños = más lobos muertos. El objetivo de cualquier política de conservación debería ser comprender qué está sucediendo en el territorio y actuar sobre las causas reales del conflicto, no convertir la muerte de animales en una herramienta de gestión automática.
El Supremo ya anuló el anterior programa asturiano
La decisión adquiere además una especial relevancia por el contexto jurídico en el que se produce. En febrero de 2026, el Tribunal Supremo estimó el recurso presentado por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) y declaró nulos de pleno derecho tanto el Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo 2022-2023 como las modificaciones posteriores y el artículo del II Plan de Gestión del Lobo de Asturias que servía de cobertura a determinadas actuaciones. El Tribunal concluyó que estas disposiciones no estaban ajustadas al ordenamiento jurídico.
La sentencia no es un detalle menor que pueda pasar simplemente a formar parte del archivo administrativo. Significa que la política de control de la especie aplicada por Asturias ha tenido que ser revisada precisamente por razones jurídicas. El propio Principado reconoció en febrero que debía modificar el II Plan de Gestión para adecuarlo a las indicaciones del Supremo y anunció entonces su intención de mantener las políticas de control con “garantías jurídicas”.
Ahora, apenas unos meses después, Asturias vuelve a plantear un programa que contempla hasta 67 “extracciones”. La cuestión, por tanto, ya no es únicamente cuántos lobos pretende eliminar el Principado, sino qué justificación científica existe para hacerlo, qué eficacia han demostrado las actuaciones anteriores y si el nuevo programa responde realmente a una estrategia de conservación compatible con el estado de la especie.
“Extracción” es un eufemismo: hablamos de matar lobos
En loboiberico.info creemos necesario llamar a las cosas por su nombre. Las administraciones utilizan habitualmente expresiones como “extracción”, “control poblacional” o “actuaciones de control”, pero cuando la actuación consiste en abatir un animal, estamos hablando de matar un lobo. El lenguaje administrativo puede suavizar la realidad, pero no cambia lo que sucede en el campo.
Europa Press recoge que los controles podrán realizarse principalmente entre enero y abril y entre septiembre y diciembre, aunque también podrán autorizarse actuaciones puntuales entre mayo y agosto cuando existan ejemplares que causen daños reiterados. Entre los métodos previstos figuran los aguardos o recechos selectivos realizados por agentes medioambientales o personal autorizado, actuaciones de apoyo durante determinadas cacerías y, cuando sea necesario, batidas coordinadas por agentes medioambientales. En determinadas circunstancias, las actuaciones fuera de las zonas específicas de gestión podrán realizarse durante todo el año.
La amplitud temporal prevista resulta especialmente significativa. No se está planteando una actuación absolutamente excepcional ante un episodio extraordinario, sino un sistema permanente de intervención sobre la población, con periodos ordinarios y posibilidades de actuación extraordinaria. La “extracción” deja así de ser una medida excepcional para convertirse en un instrumento habitual de gestión.
El problema no se resuelve matando lobos
Uno de los argumentos recurrentes para justificar estas actuaciones consiste en presentar la reducción del número de lobos como una forma de disminuir los daños sobre la ganadería. Sin embargo, la relación entre mortalidad de lobos y reducción de los daños es mucho más compleja de lo que permite sugerir ese planteamiento.
Las manadas de lobos constituyen estructuras sociales complejas. La eliminación de determinados individuos puede alterar su composición, provocar desplazamientos, favorecer la dispersión de ejemplares jóvenes o modificar la disponibilidad de individuos reproductores. Por eso, matar animales no equivale necesariamente a reducir de manera proporcional la presión depredadora sobre el ganado. En determinadas circunstancias puede incluso producirse una reorganización social y territorial que haga que los resultados sean distintos de los pretendidos.
Por ello, antes de seguir incrementando la mortalidad deliberada de lobos, sería imprescindible disponer de una evaluación rigurosa de los resultados obtenidos mediante los programas anteriores. Asturias dispone de una oportunidad evidente para hacerlo: cuenta con datos sobre el número de manadas, daños, indemnizaciones y ejemplares abatidos. Sin embargo, el hecho de que la población, siempre según los datos del Principado, haya pasado de 45 a 50 manadas mientras simultáneamente se abatían 31 lobos durante el programa anterior debería llevar, como mínimo, a preguntarse qué efecto real han tenido esas actuaciones sobre el conflicto.
Los daños al ganado no pueden convertirse en una carta blanca
Para justificar esta actuación se cuantifica que en 2025 Asturias registró 3.893 cabezas de ganado bovino, ovino, caprino y equino afectadas por ataques atribuidos al lobo, un 30 % más que en 2021. El Principado cifra las indemnizaciones correspondientes en 1.911.171 euros, un 59 % más que en aquel año.
El conflicto con la ganadería existe y las administraciones tienen la obligación de buscar soluciones para quienes sufren daños. Pero reconocer el problema no implica aceptar que la única respuesta posible sea matar lobos. Precisamente porque el conflicto es real, las políticas públicas deberían concentrarse en prevenirlo mediante medidas eficaces de protección del ganado, vigilancia, manejo adecuado, perros de protección, agrupamiento nocturno cuando resulte viable y compensaciones rápidas y suficientes, además de una investigación rigurosa de cada caso.
Convertir automáticamente cada incremento de los daños en un incremento del número de lobos que pueden ser abatidos supone aceptar de antemano que la solución pasa por reducir la población. Y esa premisa debería ser demostrada, no asumida.
Una decisión política que vuelve a colocar al lobo en el punto de mira
El Gobierno asturiano presenta el nuevo programa como una forma de compatibilizar la conservación del lobo con el mantenimiento de la ganadería extensiva. Sin embargo, resulta difícil conciliar el discurso de conservación con un programa que permite eliminar hasta 67 ejemplares. La conservación no puede consistir únicamente en mantener una población mientras, al mismo tiempo, se establece anualmente cuántos individuos pueden ser eliminados.
Asturias tiene una de las poblaciones de lobo más importantes de la Península Ibérica y forma parte de un sistema poblacional conectado con Galicia, Castilla y León y Cantabria. El propio Principado reconoce que el área de distribución asturiana está conectada con las poblaciones de las comunidades vecinas. Por ello, las decisiones adoptadas en Asturias no deberían analizarse exclusivamente desde sus límites administrativos: afectan a una población mucho más amplia y a la conectividad de las poblaciones cantábricas.
Lo que está en juego no es solamente la cifra de 67 lobos. Lo verdaderamente preocupante es que se consolide la idea de que la muerte de lobos constituye una herramienta ordinaria y recurrente de gestión, incluso después de que los tribunales hayan cuestionado la legalidad de anteriores programas y cuando los propios datos del Principado muestran que la población continúa presente y en expansión territorial.
El lobo no necesita que las administraciones decidan cada año cuántos ejemplares pueden desaparecer. Necesita una gestión basada en conocimiento científico, seguimiento independiente, prevención de los daños y cumplimiento estricto de la legislación de conservación. Y la ganadería extensiva, que forma parte del paisaje y de la cultura rural asturiana, necesita igualmente soluciones eficaces que no conviertan al lobo en el responsable último de problemas que requieren políticas ganaderas y territoriales mucho más complejas.
La decisión anunciada ahora por Asturias debería servir, por tanto, para abrir un debate mucho más profundo: ¿qué modelo de convivencia queremos para el lobo y para la ganadería, y durante cuánto tiempo vamos a seguir considerando que matar animales es la respuesta principal al conflicto? Porque una política que cada año vuelve a determinar cuántos lobos pueden ser “extraídos” no demuestra necesariamente que esté gestionando mejor la especie. Puede demostrar, simplemente, que seguimos sin haber encontrado una solución al problema.
Referencias
- Europa Press — El Principado permitirá extraer 67 lobos bajo el Plan de Gestión
- Gobierno del Principado de Asturias — El Principado constata un aumento del 11% de la población de lobos, que alcanzó las 50 manadas
- Gobierno del Principado de Asturias — Modificación del II Plan de Gestión del Lobo
- Tribunal Supremo — El Tribunal Supremo anula el programa 2022-2023 de actuaciones de control del lobo en Asturias
- Gobierno del Principado de Asturias — El Gobierno modificará el plan de gestión tras la sentencia del Supremo