Escribo estas líneas convencido de que tengo el respaldo de compañeros. Me refiero a aquellos con vocación, independencia y formación en ciencia. Algunos han estado de asuntos propios y turbios toda su vida. Hay que alejarse del corporativismo y la domesticación. Los Agentes Medioambientales (AMA) han sufrido un desbarajuste en las últimas legislaturas. Los sindicatos ya se pronunciaron sobre una interinidad cercana al 50 % y sobre las jubilaciones: 70 agentes menos de un total de 260.
Miente el Gobierno regional, con un calendario legislativo conocido y la Ley de Función Pública flagrantemente incumplida (comisiones de servicio eternas a dedo, falta de oferta durante años e infinidad de reclamaciones legales). Lo más grave son las sentencias de la Unión Europea que obligan a estabilizar puestos. La interinidad es precariedad, un problema socioeconómico general que en una administración pública es inadmisible. Los funcionarios tienen problemas igual que otros trabajadores —vivienda, conciliación, etc.— y tienen mucho peso económico. Su contribución es fundamental si su estabilidad está garantizada, a pesar de las críticas que, irónicamente, proceden de quienes buscan para sí o para los suyos un puesto en la Administración.
La interinidad es precariedad, un problema socioeconómico general que en una administración pública es inadmisible
Hay un lado oscuro de esta incertidumbre. No todo el que tiene su trabajo provisional va a entregarse a él. La independencia que se presume de los funcionarios queda en cuestión. Es duro hacerlo público, pero fácil escucharlo intramuros. No es solo una cuestión cuantitativa: es cualitativa, de organización y eficiencia. Al problema de personal (garantizar servicios, ratios de superficie, turnos, descansos, vacaciones, etc.; olvidarse de servicios extraordinarios, salvo para matar lobos; de furtivismo, ni hablamos) se une un organigrama como un rompecabezas. Con competencias en distintos departamentos y consejerías es imposible ser útil. Esto quedó claro en la comisión parlamentaria de la tragedia de Cerredo, que radiografió una Administración laberíntica e intervenida políticamente (más políticos que nunca), que nos dejaba a merced de personajes tóxicos e instrucciones desalineadas con la aplicación de la ley, obsoletas y autorreferentes. Es intolerable que cualquiera sin competencia jurídica obstruya un procedimiento legal y tire a la papelera nuestro trabajo.
A este rompecabezas y al arbitrio y la discrecionalidad de estos personajes no se les ha dado solución. Los agentes medioambientales, gobierne quien gobierne, tienen competencias que les otorgan una amplia legislación ambiental y el derecho constitucional al medio ambiente, recogido en el artículo 45. Las Administraciones públicas, de todos y para todos, son el piloto automático del Estado.
En la Asturias del «Paraíso Natural», lo dicho con respecto a nosotros sería broma si no fuese por las consecuencias. «Dime de qué presumes…». Este mantra debiera recordarnos las alegorías de expulsión y pérdida del paraíso. La protección efectiva es la única forma de valorar lo que no tiene precio. No lo tiene porque los beneficios ambientales son vitales. Las etiquetas no pueden identificar derechos. No hablamos de «Paraíso Sanitario», por ejemplo. El medio ambiente no es un perfume o un dentífrico. Los únicos paraísos reales son los fiscales o los aforamientos.
La protección efectiva es la única forma de valorar lo que no tiene precio. No lo tiene porque los beneficios ambientales son vitales
Los Estados siempre han necesitado información para su organización. Es inconcebible el Estado moderno sin ella. Es asunto bien estudiado por expertos en comunicación, pues de lenguaje se trata, a la postre. Esta información no puede ser censurada o mal utilizada por una burocracia paralizante que ponga la cosa pública al servicio de partidos o sectores. Una Administración debe estar articulada para que los ciudadanos reciban atención y los funcionarios actúen ágilmente, con todas las garantías. Regular consiste en que los derechos vayan a la par de las obligaciones. Los agentes medioambientales tenemos competencias en custodia ambiental, velamos porque se cumpla la ley; tarea incómoda, pero necesaria. Otras cuestiones administrativas de nuestra órbita no pueden entorpecer nuestro trabajo, haciéndonos perder versatilidad y capacidad de respuesta.
Los excesos burocráticos son bien conocidos. Se usan para controlar a ciudadanos y funcionarios. Se puede llegar al límite de deshumanizar y un documento (nacionalidad, religión, raza, ideología, etc.) puede ser cuestión de vida o muerte. El corolario o consecuencia es que se sacrifica la verdad. Si algo no se ajusta al formulario, convertido en lecho de Procusto, se desecha, no deja rastro oficial ni existe. En el otro extremo está la falla del Estado. En medio, el aludido uso de la información de forma partidista, clientelar y electoral, apoyando a determinados sectores o arrinconando a otros.
El sector primario y el mundo rural ocupan un protagonismo desproporcionado por su peso electoral. Marcan la gestión ambiental. Se puede hablar de propaganda y populismo excluyente en el discurso político a derecha e izquierda en este ámbito. Han maquillado el argumentario radical del mundo agro y de las organizaciones agrícolas y ganaderas con chantajes, abusos del lenguaje, dianas semánticas, hipérboles o directamente falacias que polarizan y crean una escalada dialéctica que imposibilita entenderse. Es abono para la subasta electoral. De esta retórica tampoco escapan las resoluciones administrativas. El sector está siendo regado como nunca con ayudas y dinero público convertidos en rentas. La agroganadería está peligrosamente apalancada en subvenciones; sin ellas, se hundiría. Lo peor de este argumentario es que incorpora posiciones negacionistas. Se ha instrumentalizado la idea de que proteger la naturaleza va en contra del sector primario.
El sector primario y el mundo rural ocupan un protagonismo desproporcionado por su peso electoral. Marcan la gestión ambiental
Respondiendo a mi pregunta, con lo dicho se puede intuir mi contestación. Hitos como la protección de la fauna, los espacios protegidos o los incendios están condicionados por el «todo o nada» del sector primario y de los grupos de presión.
Si hablamos de incendios, los datos (Fiscalía, BRIPAS) indican que la mayoría son provocados para obtener pastos (70 %). La ganadería está «blindada», según el consejero. El anterior los calificó irresponsablemente de algo cultural. Mientras no se asuma esta causalidad y se persigan estos delitos, los incendios serán el mayor problema ambiental de Asturias. Con ocurrencias (robots), despilfarro y negocio en prevención (desbroces para que sigan quemando), pero sin perseguir a los infractores, hay poco que hacer. Los incendios los agrava el cambio climático, no los causa. No podemos pagar la infame factura ambiental y económica que dejan los incendios como si los causantes fuesen víctimas. Tampoco pueden marcar la agenda en protección de fauna quienes la consideran cosa de ecologistas de salón y simplezas así. La irresponsabilidad del Principado al no poner en valor la evidencia científica disponible en conservación, basada en un corpus teórico bien contrastado (genética, dinámica de poblaciones, ecología, etc.), es para exigir dimisiones por negación o mala fe. Lo es también por ejecutar medidas basadas en estudios sin discutirlos ni ponerlos a disposición de la comunidad científica. Los casos del salmón, la angula y el urogallo son paradigmáticos. El lobo sufre la persecución irracional del Principado y de la oposición. Es el manto de Venus de una política incompetente del sector, al que se le viene encima, como a todos, un meteorito (cambio climático, sequías, crisis geopolítica y económica global, sanitaria, etc.). Una burla y una pataleta infantil son la parafernalia con que justifican matarlos.
La irresponsabilidad del Principado al no poner en valor la evidencia científica disponible en conservación, basada en un corpus teórico bien contrastado (genética, dinámica de poblaciones, ecología, etc.), es para exigir dimisiones por negación o mala fe
La pasividad negligente en comunicación del Principado, al no atajar todo tipo de bulos, ha dejado que agitadores se hagan con el relato-ficción que rechaza y cuestiona la protección incluso de especies como el oso, un muro que impide gestionar la alarma social. Ni siquiera es posible aprobar Instrumentos de Gestión Integrada (IGI) en los espacios protegidos. Se hace de todo y están masificados. Los IGI clarificarían usos y agilizarían trámites. Su ausencia deja las manos libres y sirve de excusa para acometer disparates a golpe de resolución. Que la Unesco pida explicaciones por la gestión de Muniellos es para dimisiones.
La caza y la pesca las gestionan cazadores y pescadores. El Principado se ha plegado a estos colectivos. Asturias es un coto 24/7/365 grotesco. Rebajadas las exigencias del orden cinegético, las ilegalidades se convierten en barbaridades con las nuevas tecnologías (fototrampeo, visores, etc.). Lo de la pesca fluvial es un sindiós. Ya solo falta la normativa con carácter nominal.
La caza y la pesca las gestionan cazadores y pescadores. El Principado se ha plegado a estos colectivos. Asturias es un coto 24/7/365 grotesco
Con este ambiente irrespirable y maniatados, muchos rechazamos ser partícipes de una gestión del Principado sin fundamento científico que nos deja como títeres y objeto de burla o rechazo social por culpa de políticos sin talla intelectual ni ética.
José Manuel Carral Fernández es agente medioambiental en el Suroccidente asturiano.