En la primera batida con cazadores voluntarios, activada por la Consejería de Medio Rural, tres lobos fueron abatidos en una misma zona, comprometiendo de forma directa la supervivencia del grupo familiar al que pertenecían. Con estos ejemplares, ya son 39 los lobos muertos desde el inicio del plan de extracción, una cifra escalofriante si se tiene en cuenta que el plan contempla un máximo de 53 lobos a abatir antes de finales de marzo.
El mensaje es claro: Asturias ha optado por la eliminación sistemática del lobo como herramienta política.
Cazadores matando una especie que no es cinegética
El lobo no es una especie cinegética en Asturias. No lo ha sido nunca. Y, sin embargo, el Gobierno del Principado ha decidido pagar a cazadores para que maten lobos, integrándolos en batidas oficiales bajo la cobertura de un plan administrativo hecho a medida del sector más reaccionario del medio rural.
Esta decisión no es menor. Supone normalizar la muerte del lobo como política pública, convertir a los cazadores en ejecutores de una supuesta “gestión” y borrar cualquier frontera entre control técnico y caza encubierta.
Si hoy se permite que cazadores abatan lobos en batidas oficiales, mañana cualquier especie protegida será negociable si hay suficiente presión.
Un plan de control sin rigor científico
El Plan de Gestión del Lobo en Asturias autoriza la eliminación de hasta 53 ejemplares bajo el argumento de “compatibilizar la conservación con la ganadería extensiva”. Sin embargo, no existe ningún respaldo científico sólido que demuestre que matar lobos reduce los ataques al ganado.
La ciencia lleva décadas demostrando lo contrario:
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Eliminar ejemplares reproductores rompe la estructura social de las manadas.
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Los jóvenes dispersantes atacan con más frecuencia ganado mal protegido.
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Los conflictos aumentan en lugar de disminuir.
Matar lobos no es gestión, es propaganda.
Opacidad institucional y desprecio por la transparencia
La Consejería de Medio Rural se ha negado reiteradamente a facilitar datos detallados sobre localización exacta de las batidas ,identidad biológica de los ejemplares abatidos e impacto real sobre los grupos reproductores.
Los datos oficiales solo se conocerán —si se conocen— cuando el plan haya concluido y el daño sea irreversible. Esta opacidad deliberada no es casual: es la forma de blindar políticamente una matanza que no resistiría un mínimo escrutinio público.
Presión ganadera, votos y miedo político
La inclusión de cazadores responde directamente a las exigencias del sector ganadero más radicalizado, el mismo que rechaza medidas preventivas, se opone al uso de mastines y niega cualquier posibilidad de convivencia.
El Gobierno asturiano ha optado por comprar paz social a base de sangre, aun sabiendo que esos votos no llegarán. Como ocurre en Cantabria, la política del miedo y del exterminio se presenta como “defensa del medio rural”, cuando en realidad no resuelve ninguno de sus problemas estructurales.
Asturias y Cantabria: dos caras del mismo modelo lobicida
Lo que ocurre en Asturias no es un hecho aislado. En Cantabria se están eliminando grupos familiares completos, incluyendo hembras reproductoras y ejemplares lactantes. Entre ambas comunidades, más de 100 lobos podrían morir en un solo año, sin contar el furtivismo.
Estamos ante un modelo de gestión incompatible con la conservación de una especie en estado desfavorable, como reconocen los propios informes técnicos elaborados para el Estado español.
El silencio del MITECO mientras los lobos mueren
Mientras Asturias y Cantabria ejecutan sus planes de exterminio, el Ministerio para la Transición Ecológica sigue sin enviar a Europa el informe sexenal obligatorio sobre el estado de conservación del lobo.
Ese informe —que reconoce un estado desfavorable— paralizaría inmediatamente estas matanzas.
La inacción del MITECO no es neutral: es una forma de complicidad política.
No es gestión: es exterminio
Pagar a cazadores para matar lobos, ocultar datos, ignorar a la ciencia y sacrificar una especie protegida para contentar a lobbies económicos no es gestión.
Es una política regresiva, propia de otra época, que destruye patrimonio natural, alimenta el odio al lobo, empobrece el futuro del medio rural.
Asturias y Cantabria están exterminando al lobo con dinero público.
Y quizá ha llegado el momento de que la ciudadanía lo tenga en cuenta:
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Al consumir productos agroganaderos.
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Al elegir destinos turísticos.
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Al decidir a quién da su voto.
Porque no todo vale.
Y porque sin lobos no hay equilibrio, ni naturaleza, ni futuro.