Una noticia publicada en EFE Verde por Ana Tuñas Matilla
Entre los principios y derechos que podrían vulnerar estas disposiciones, figuran el de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva o los derechos de participación pública y de acceso a la justicia en materia medioambiental, según el auto del alto tribunal al que ha tenido acceso EFE Verde.
Suspende el procedimiento
La Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, Ecologistas en Acción de Galicia y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico solicitaron al TSXG que elevara la cuestión ante el Constitucional en el marco del procedimiento judicial abierto después de que presentaran un recurso contra la resolución de la Xunta de Galicia que autorizaba el control letal del lobo ibérico durante la temporada de caza 2025/2026.
En el citado auto, el TSXG también suspende provisionalmente las actuaciones del procedimiento contencioso-administrativo hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad.
Según recoge el escrito, el Ministerio Fiscal informó favorablemente al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.
Además de impugnar la medida autómica por vicios formales y materiales, las organizaciones conservacionistas solicitaron al TSXG que planteara una cuestión de inconstitucionalidad contra tres preceptos clave de la Ley de Desperdicio Alimentario, en cuya tramitación parlamentaria se introdujeron enmiendas para desproteger al lobo y, con ello, facilitar su caza para controlar poblaciones.
El objetivo
Su objetivo, que el Constitucional resuelva si la ley que tiene que aplicar el tribunal gallego en el marco del procedimiento judicial es constitucional o no.
Según los representantes legales de los denunciantes, al elevar la cuestión al TC, cualquier orden de vedas posterior no puede incluir la caza del lobo hasta que el Constitucional resuelva las dudas que existe sobre la constitucionalidad de la ley que, ha recordado, ha sido recurrida ante el Constitucional por el Defensor del Pueblo.
Paso obligado
«Plantear esta cuestión de inconstitucionalidad era un paso obligado. No se puede permitir que, mediante enmiendas arbitrarias en una ley sobre desperdicio alimentario, se desproteja una especie clave para nuestros ecosistemas. Es un ataque frontal al Estado de Derecho y a la normativa sobre biodiversidad», según el abogado Jaime Doreste.
Las enmiendas, promovidas por el PP y apoyadas por VOX, Junts y PNV, implicaron la salida del lobo, en abril del año pasado, del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE), donde había sido introducido en 2021 debido a su mal estado de conservación.
En cuanto a la orden de veda, las organizaciones ecologistas cuestionan radicalmente la legalidad de la resolución autonómica porque, defienden, no se puede autorizar la caza del lobo cuando la especie se encuentra en «estado de conservación desfavorable» en la península.
El control letal de poblaciones, subrayan, va en contra en contra del criterio científico y de las obligaciones derivadas de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y de la Directiva Hábitats.
Asimismo, denuncian la falta de efectividad de la caza de lobos para evitar daños a la ganadería así como la falta de evaluación rigurosa del estado poblacional y ausencia de alternativas no letales, lo que convierte los supuestos “controles” en una persecución sistemática.
