El lobo ibérico continuará incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y, por tanto, su situación legal no cambiará en España, pese a la recientemente aprobada reducción de su estatus de protección por parte del Convenio de Berna.
La nueva normativa, que entrará en vigor este viernes 7 de marzo, reducirá su protección oficial en Europa de “estrictamente protegido” a “protegido”.
Aunque en los últimos decenios ha conseguido recuperarse sin ayuda, hasta su inclusión en 2021 en el LESPRE, su arrinconamiento en las zonas de media y alta montaña del norte peninsular provocó “un cuello de botella genético” de su población, ha asegurado a EFE el coordinador de conservación de WWF España, Luis Suárez.
Sin embargo, el lobo ibérico «no es una variedad específica» del europeo, sino “una subpoblación” que ha llegado a diferenciarse por su aislamiento geográfico, fruto de «una enorme presión a mediados del siglo pasado”.
Población «estancada»
Según el último censo nacional de 2013, en España existen 297 manadas de lobos, cifra que WWF considera «estancada» a tenor de los datos recogidos posteriormente a nivel autonómico, por lo que la organización ecologista reclama un nuevo censo.
Los lobos en la península ibérica, añade Suárez, cuentan con marcas características en su cabeza y patas delanteras que “seguramente respondan a una adaptación al medio” y son algo más pequeños que los ejemplares centroeuropeos “por razones climatológicas”.
Además, un estudio hispano-portugués detectó un bloque de ADN de perro en el cromosoma 2 del lobo ibérico, firma genética que no se ha observado en ninguna otra población hasta la fecha y que puede haber influido en su capacidad de adaptación a entornos humanizados. “El lobo no es un animal peligroso”, asevera, pues «rehúye al ser humano» y sus efectos sobre el ganado, en general, “se pueden controlar con la presencia de los mismos ganaderos o de mastines bien entrenados y guardando a los animales por la noche en lugares cerrados”.
Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía, las que peor
Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha son las comunidades autónomas con peores políticas autonómicas para la conservación del lobo, todas ellas con una «evaluación insatisfactoria» de su regulación. Así lo refleja el informe ¿Hacia la coexistencia o el conflicto? Análisis de las políticas autonómicas para la conservación del lobo, presentado este jueves por la organización ecologista WWF.
El estudio establece que «necesitan mejorar» las políticas para la conservación del lobo Castilla y León, Asturias, Madrid, La Rioja, Cantabria, Vizcaya, Galicia y Álava. La única comunidad autónoma que está «en el buen camino» en sus políticas autonómicas para la conservación del lobo según el análisis es Cataluña.
Para Luis Suárez, «seguir matando lobos no sirve de nada», ya que «no resolvemos los problemas, sólo sirve para exacerbar el conflicto social». Por ello, WWF reclama que «el mejor camino es trabajar en reducir no los ejemplares de lobo sino los daños». «Y eso se hace con medidas de prevención», asegura Suárez.
El análisis analiza las políticas autonómicas para la conservación del lobo en cuanto a la prevención de daños, la compensación de daños; la participación y transparencia; y la planificación y conservación.
Con el objetivo de conservar el lobo ibérico, la organización ecologista reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico «promover una mejor información y criterios estatales comunes sobre los daños al ganado; garantizar la transferencia de fondos a las comunidades autónomas de formar regular y en tiempo para su correcta ejecución, con mayor trazabilidad y transparencia sobre su destino; colaborar con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para reforzar la coexistencia, impulsando medidas como una red nacional de mastines; y establecer una mesa nacional del lobo».