LOBO. Vuelve la caza

La imagen de lobos muertos colgados de un cartel en Ponga (Asturias) o de cachorros atropellados en Madrid han recorrido las redes sociales como prueba de un conflicto con esta especie que no cesa. A falta de contar con un nuevo censo nacional de los lobos ibéricos que recorren los campos españoles, los expertos coinciden en señalar que es un país con una población estable, lo que no impide que en los últimos años el ambiente hostil en zonas rurales donde habita vaya en aumento y se incrementen las denuncias. Después de estar prohibida su caza en España desde 2021, cuando fue incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), el pasado 20 de marzo, el Congreso ha vuelto a autorizarla hace unos días al norte del Duero, donde vive el 90%, al aprobarse unas enmiendas al respecto de la Ley de Desperdicio Alimentario, en contra de la posición del Gobierno.

Si en 2014, el último censo oficial indicaba que había 297 manadas en todo el país, en 2024, con las estimaciones de las autonomías, habría unas 365, si bien algunas se han contabilizado más de una vez dado que los lobos se mueven. Teniendo en cuenta este hecho, los expertos calculan que en realidad habría ahora entre 330 y 340 manadas, en torno a un 11% más que hace 10 años.

En esa década, el lobo ha traspasado la línea que marca el Duero, en cuya parte noroeste estuvo décadas confinado. Ya se han visto esporádicamente en zonas de Castilla-La Mancha e incluso una pareja se reprodujo sin éxito, en 2024 en Extremadura. También se ha grabado a una pareja en los Pirineos catalanes, la zona más al este donde se conoce su presencia. Donde más ha aumentado el número de manadas es en Castilla y León, que tiene 193, un 8% más que en el último censo. En porcentaje se han incrementado más en Cantabria (de 12 a 23) o en Asturias (de 37 a 45). Y en ejemplares, según los investigadores más optimistas, hay unos 2.500.

Pero si la población de lobos parece crecer lentamente, el número de denuncias por ataques al ganado lo hace a otro ritmo. Según la Confederación de Organizaciones Agrarias (COAG), desde que el lobo se protegió hace tres años estos ataques se han disparado un 38% y hubo unos 13.000 denunciados el último año. Por ello, organizaciones como COAG exigían que se autorizara de nuevo su caza, como finalmente ha ocurrido con los votos a favor de PP, VOX, PNV, Junts (votó en una enmienda y se abstuvo en otras dos) y las abstenciones de ERC y EH Bildu.

En marzo de 2025, la UE también ha propuesto cambiar su directiva Hábitat y que deje de ser especie “estrictamente protegida” para ser “protegida”, lo que permitirá cierta gestión, siempre sin poner en peligro sus poblaciones. En otoño pasado, se comentó mucho que la presidenta Ursula Von der Leyen cambió su postura sobre la especie después de que un lobo matara a un pony de su propiedad, pero su expansión por Europa es un hecho: un informe oficial confirmó que en el continente casi se habrían duplicado en 11 años (de 11.200 ejemplares en 2012 a 20.300 en 2023), lo que contrasta con ese 11% más estimado para España. La investigación publicada este marzo de 2025 en la revista PLos Sustainability and Transformation da cifras similares: habría, según estos científicos, unos 21.500 lobos europeos en 2022, un 60% más que una década antes. También confirman que en la península Ibérica hay una población casi estable.

Pese a estas cifras, y con la veda abierta, el gobierno cántabro ya ha anunciado que prevé eliminar 40 lobos. “El asunto del lobo hoy es más político que otra cosa, no hay razones científicas que avalen esta decisión a favor de su caza”, asegura Juan Carlos Blanco, investigador y miembro de la Estrategia Europea para los Grandes Carnívoros (LCIE, UICN).  Las enmiendas que han permitido que se pueda capturar de nuevo al lobo se refieren al desperdicio alimentario de carne que genera la especie al atacar animales domésticos. Esos despojos se consideran “residuos” no gestionados. Se abre la posibilidad, además, de extender también más adelante la caza al sur del Duero si se modifica la mencionada directiva Hábitat europea.

En el tiempo que ha estado prohibida ha habido un cambio importante es en el régimen de indemnizaciones por los daños de los que se acusa a la especie y las ayudas para prevenirlos, que han aumentado en todas las comunidades autónomas con lobos desde que se prohibió su caza. Desde 2022, el MITECO ha aportado 20 millones de euros anuales para pagar ambos fines a las autonomías que aprobaron su Estrategia de conservación del lobo, todas menos Galicia, que no la aceptó. Desde entonces las cuantías por animales atacados por lobos han aumentado sustancialmente y también el número de expedientes abiertos: hasta un 171% más se han registrado en Castilla y León, para un 8% más de manadas. Las cifras que se pagan varían según animales y zonas, pero en general van desde unos 50 euros por oveja, en los casos más bajos, a más de 1.500 por algunos ejemplares vacunos,

Para las organizaciones de ganaderos estas indemnizaciones no cubren todos los gastos y mencionan el ‘lucro cesante’ (lo que dejan de ganar) cuando muere un animal. Se quejan de que tardan meses en cobrar o de un exceso de burocracia, una gestión en manos de las autonomías. “Las quejas forman parte del relato. Es necesario un control porque ha habido abusos y denuncias falsas. Y luego hay zonas, como pasa en Ávila, que atraen a los lobos porque dejan a mucha vaca suelta sin protección alguna, no se hace nada para evitar ataques, y al final eso genera conflictos. La ciencia es clara e incluso la futura directiva Hábitat dirá que solo se podrá cazar si su conservación no está en riesgo, pero tampoco es el caso aquí”, explica Blanco.

Animal social, nocturno y esquivo y cazador, como le describe el fotógrafo Andoni Canela en su último libro, Territorio lobo, en España los expertos señalan que no ocupa ni una quinta parte del territorio que cubría hace 120 años. El científico Javier Castroviejo, con décadas de estudio de la especie, no es optimista sobre su futuro: “Dan igual las leyes ambientales que existan porque han incumplido y porque se hace más hincapié en los daños de la especie que en su papel para controlar plagas que afectan más al ganado; eso si, se amplifica cada noticia de la muerte de una oveja”, denuncia el que fuera director de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC).

Otro de los científicos que conocen bien su estado es el biólogo Carlos Vives, también de EBD-CSIC, que analiza las causas de un estancamiento poblacional en España que no se da en Europa: “Por un lado está la barrera geográfica de los Pirineos, y que tenemos grupos fragmentados que se mueven poco porque hay muchas infraestructuras, como carreteras, cultivos, etcétera; esto hace que su diversidad genética sea escasa y tengan más enfermedades, dificultando su expansión”, afirma.

Desde la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo (ASCEL), que promovió con sus acciones la protección en España vigente hasta hace unos días, las muertes ilegales de lobos, como la de Ponga, no van a frenarse aunque existan compensaciones y subvenciones. Jorge Echegaray, climatólogo y su portavoz, denuncia que las comunidades autónomas utilizan mal los 20 millones aportados por el Gobierno: “Se aumentan los pagos por los daños, hasta convertir las denuncias en un negocio; por eso hay más casos, que no se investigan a fondo para comprobar si realmente son lobos o no los culpables. Es llamativo que hay zonas donde ya no muere el ganado por enfermedades, nieve o caídas. Todas las muertes son por lobos, cuando se sabe que su incidencia económica real en la ganadería es menos de un 1%”.

Echegaray apunta que se están implantando pocas medidas de prevención, como mastines, pastores eléctricos o recogida del ganado nocturna, pero se invierte otras como el radiomarcaje de lobos, como se ha iniciado Castilla y León, que aumentará la información científica sobre su comportamiento “pero no evita daños”. “Faltan datos para saber cómo se gasta ese dinero mientras algunos ganaderos, una minoría ruidosa, se aprovechan”, explica.

Los datos son claros: en la comunidad con más aumento porcentual de manadas de la década, Cantabria, en 2019 se registraron un millar de ataques y cuatro años después subieron a 2.310. Son un 131% más. En esta región, entre 2016 y 2020 se pagaron 1,3 millones en indemnizaciones, cifra que se igualó el pasado año. Y ya se cuenta con un presupuesto de 2,8 millones para 2025. Es un aumento del 115% en un año.

Alberto Fernández, investigador del CBD-CSIC, no cree que las quejas de los ganaderos sean generalizadas: “Escuché a uno cántabro decir que le pagan cuatro veces más por un ternero atacado por un lobo que su precio en el mercado. Y ahora cobran rápido. Además, no solo cobran por daños, también por subvenciones europeas asociadas a sostenibilidad ambiental, ayudas a zonas de lobo, agroseguros… Hay muchos ganaderos que conviven y no defienden la caza”, asegura. En el otro lado de la balanza, el ganadero en Madrid que sufrió recientemente un ataque nocturno a sus ovejas y llegó a declarar: “Nos están introduciendo lobos”, aludiendo a una llegada artificial. Según la web de la Comunidad de Madrid, en 2024 se pagaban 500 euros por oveja o cabra fallecida por fauna silvestre. Este ganadero denunció que le mató 17 ovejas.

Lo que los científicos consultados tienen claro es que cazar lobos, lejos de solucionar problemas a la ganadería extensiva, los aumentará, y no solo por el mencionado control de plagas que realizan estos carnívoros: “Si se les caza hay más ataques porque se desestructuran las manadas y para un lobo solitario es más fácil ir a por una oveja que a por un jabalí”, señalan. Son varias las investigaciones que han confirmado este comportamiento, así como que se expanden a nuevos territorios como individuos solitarios.

Hechos como las dos últimas muertes de lobos conocidas en Asturias demuestran, que el conflicto está lejos de cerrarse. Ángel M. Sánchez, investigador y director del Censo del Lobo Ibérico, comenta que, durante los años que ha estado protegido, siguió recibiendo noticias de cómo, en la clandestinidad, se continuaban envenenando con anticongelante, atropellando o disparando, hechos cuyos culpables nunca son identificados, pese a que se iniciasen investigaciones. Solo en la Comunidad de Madrid, en agosto pasado murió un cachorro en extrañas circunstancias, en noviembre una loba radiomarcada y en enero otro cachorro que estaba enfermo. “Así es imposible que pueda aumentar y expandirse como se dice que hace la especie, cuando tiene una situación frágil que la caza solo puede empeorar”, concluye Sánchez.