El Lobo es el objetivo: Cómo los cazadores articularon su desprotección con ayuda del PP, VOX y la dudosa actuación del Ministerio de Agricultura
Marzo de 2025. Se ultima una ley del Ministerio de Agricultura, aplazada desde la anterior legislatura, para acoplar nuestra legislación a la de la Unión Europea en una vieja demanda social y medioambiental. La Ley contra el desperdicio alimentario se entendía como una nueva medida para proteger también la biodiversidad. Pero en España, unos cuantos políticos de diferentes partidos optaron por utilizar esta ley para vulnerar un principio básico de nuestra legislación ambiental: el Principio de no regresión en materia ambiental (nunca rebajar la categoría de protección ya alcanzada por un determinado enclave, o especie vegetal o animal); y de la propia Constitución Española en su artículo 45.
Una tragicomedia escrita y producida por el lobby de la caza, con el Pp y Vox como los actores principales, acompañados de los secundarios útiles de Pnv y Junts, en un cínico papel de comparsa con quienes les detestan más que al propio lobo. Todo ello bajo el lastimero argumento del insostenible daño al sector ganadero, que cree encontrar en los cuestionables sindicatos agrarios y en los cazadores el apoyo que necesitan. Aunque, como se verá más adelante, nada es lo que parece, salvo la triste realidad de que el lobo está pagando las culpas de todo este entramado de mentiras, corruptelas, intereses ocultos y, sobre todo, el insaciable deseo de los cazadores de MATAR.
Estos cuatro partidos consiguieron, aquel fatídico 20 de marzo de 2025, sentenciar al lobo ibérico al norte del Duero. Y lo hicieron, no mediante un debate ambiental y científico, sino mediante una enmienda oculta durante el paso por el Senado, firmada por el Pp. Esa decisión, respaldada por Vox, Junts y Pnv en el Congreso, fue legitimada con el argumento de que los lobos provocan “desperdicio de carne” al atacar al ganado. Otra nueva farsa de este lobby, con respaldo político pero carente de pruebas o respaldo científico. Sin embargo, se convirtió en la puerta trasera por la que estos grupos anti naturaleza encontraron la forma de entrar y boicotear la ley.
Las sospechas sobre cómo se ha tergiversado una ley referida al consumo humano, para anular otra ley sobre naturaleza y biodiversidad (aprobada en septiembre de 2021, para incluir a todas las poblaciones de lobo de España en el LESRPE -Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial-) son variadas. Y una de ellas apunta al ministerio de Luis Planas, y a algunos de sus colaboradores más vinculados con el lobby de la caza
Éste es el desenlace evidente de un proceso mucho más profundo, donde el Ministerio de Agricultura pudo jugar el papel de asesor estratégico del lobby cinegético.
Cazadores en el despacho del ministro
Los encuentros del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en persona y tan de continuo, con dos presidentes de la federación de caza se entienden como parte de las obligaciones institucionales del máximo responsable ministerial. Y es que, el MAPA (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación), además de gestionar las carteras citadas, también se encarga de coordinar las bases de la gestión cinegética, que luego aplican las comunidades autónomas con la gestión de cotos y permisos.
En noviembre de 2024, Planas recibió a Manuel Gallardo, presidente de la RFEC (Real Federación Española de Caza), para escuchar el mismo repetitivo y pedigüeño discurso para la captación de fondos públicos. Y de nuevo volver a escuchar año tras año la misma falsa cantinela de la caza como motor rural: “186.000 empleos” y “miles de millones de euros al PIB”. El mismo mantra y las mismas demandas del sector.
Apenas tres meses después, en febrero de 2025, volvió a reunirse, esta vez con Josep Escandell, el sucesor en la presidencia de la federación de caza. El objeto de la reunión, según la versión oficial: coordinar la “gestión cinegética”, la “caza sostenible” (otra gran falacia: la caza es matanza de fauna; nunca podrá ser sostenible en ninguna de sus versiones, ya que es destrucción y muerte en todos sus ámbitos, como se explica más adelante en este libro), sanidad animal y política en Bruselas (donde los cazadores ya cuentan con su propio lobby y con dos aliados de gran valor, colocados por el Pp en el Europarlamento. También retratados en capítulos posteriores).
Otro aspecto que no despeja dudas de estos encuentros es que se celebraron a puerta cerrada, sin que la prensa ni la Opinión Pública podamos conocer realmente lo que allí se habló y acordó. (GaliciaPress, Cadena SER, The Guardian)
Dinero público para apoyar al lobby
Abril de 2022 marcó otro hito. El Ministerio de Agricultura firmó un convenio con la Fundación Artemisan (grupo de presión de la caza en España) por 1.295.644 euros, de los cuales 648.000 euros salieron del erario público. Con ese dinero se financió el Observatorio Cinegético, cotos piloto, redes de censadores, etc. Es decir, invenciones de conceptos innecesarios para aumentar las cantidades y conseguir más y más fondos públicos para la infraestructura que alimenta el lobby, legitima sus demandas y, lo que es más peligroso, facilita su acceso a decisiones políticas.
Un Ministerio al servicio del cazador
Pero no son sólo las reuniones o las ingentes cantidades de dinero regalado: el mismo ministerio está ocupado por figuras afines a esa agenda. El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda (participa en actos cinegéticos), el director general de la Producción Agroalimentaria y el Bienestar Animal, Valentín Almansa (justifica la caza como “herramienta sanitaria”), y el ya ex presidente del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), Miguel Ángel Riesgo, solía compartir escenarios con representantes de Artemisan y Aproca defendiendo una mayor flexibilidad para los cazadores. Un aparato administrativo demasiado alineado con el lobby. (GaliciaPress The Guardian).
Es decir, el responsable de Bienestar animal de este ministerio, Valentín Almansa, que debería velar por el bienestar de los animales, resulta ser uno de los cargos del ministerio que está alineado con los postulados de los cazadores. Postulados que derivaron en una gran manifestación de cazadores en Madrid (marzo de 2022) para impedir que los perros de caza quedasen protegidos por la Ley de bienestar animal. Este ministerio se plegó a los deseos de los cazadores. Y por aquella vergonzosa marcha atrás del Psoe, los perros de caza siguen sufriendo todo tipo de maltratos, como mutilaciones, abandonos y hacinamientos en chamizos insalubres que trastornan sus comportamientos. Esto deriva en rehalas de perros peligrosos (algunos de presa) durante las cacerías en montes públicos, desatando unos instintos desquiciados ante cualquier animal, incluidas reses o perros domésticos, que encuentren a su paso.
Por otra parte, el responsable de FEGA (organismo encargado de controlar y gestionar las ayudas de la PAC y su pago directo a agricultores y ganaderos, Miguel Ángel Riesgo, también defendía las demandas de los cazadores, incluso en actos públicos con Artemisan y APROCA (Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y la Conservación de la Naturaleza).
Caza y conservación de la naturaleza es un contrasentido muy apropiado por el lobby, al estilo del tan manido Green washing.
El resultado de estos encuentros entre funcionarios y políticos del MAPA con los cazadores es más que cuestionable: los responsables del Ministerio de Agricultura se muestran alineados con un colectivo en permanente lucha con los avances medioambientales y de defensa de la fauna. Y cuando los políticos ultras y antinaturaleza asestan el mayor golpe a la biodiversidad de esta legislatura, lo hacen manipulando una ley elaborada y bien conocida por los técnicos de este ministerio.
Incompetencia en el MAPA, o una dudosa brecha en la ley, bien aprovechada por los cazadores y sus políticos
Viendo las dramáticas y apresuradas matanzas de lobos, que se están sucediendo en varias comunidades loberas, y el daño que ha supuesto para el mundo de la conservación ambiental, no es de extrañar que surjan dudas sobre lo sucedido aquel 20 de marzo de 2025 y el papel del Ministerio de Agricultura.
La duda principal es si se trató de una vergonzosa incompetencia que deberían haber previsto los técnicos que han desarrollado la famosa ley y deberían habérselo anticipado al Gobierno; o si se trató de una brecha en la ley, puesta a disposición de los intereses de los políticos ultras y de los cazadores.
En ninguno de los dos casos: por incompetencia o por posible prevaricación, hay noticias de que se haya iniciado expediente o investigación dentro del ministerio para esclarecer responsabilidades y responsables de una de las más vergonzosas manipulaciones legislativas vividas en las dos cámaras (Senado y Congreso de los diputados).