El periódico asturiano La Nueva España publica en este articulo la opinion de ASCEL tras lo hechos ocurridos el pasado sábado, declaraciones que recogemos de sus RRSS y os ofrecemos a continuación.
«La cuestión de fondo es que para el gobierno asturiano la biodiversidad no importa y no cuenta.
La inclusión en el LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección) del lobo no depende del Estado de Conservación (un criterio europeo de obligado cumplimiento derivado de la aplicación de la Directiva Hábitats), ni de la tendencia de su población en una autonomía concreta, como saben o deberían de saber desde Asturias o desde las otras comunidades autónomas anti lobos. La inclusión obedece al cumplimiento de la legalidad propia de nuestro marco legislativo nacional. Ese criterio del «Estado de Conservación » no lo determinan las regiones, ni siquiera España, y depende de la población en conjunto del lobo en Iberia, incluyendo a Portugal.
Al día siguiente del acto criminal sucedido –y reiterado– en Ponga, con dos cadáveres de lobos exhibidos, el Principado de Asturias difunde una nota de prensa, no sobre esta cuestión, sino para defender que se pueda volver a matar lobos.
Si además tenemos en consideración que esa nota de prensa aflora un día después de un episodio que avergüenza a cualquiera, y que supone un perjuicio importante al turismo y a la imagen pública de Asturias (costosamente lograda), y que su fin es establecer un marco amable para un acto público anunciado en Tineo, está todo dicho.
La culpa de la propagación de la tuberculosis en Tineo es de algunos humanos por haber movido vacas sin bioseguridad.
La solución es simple: evaluación y verificación estricta por parte de la administración asturiana de todas las ayudas de la PAC que perciben los ganaderos y a priori, y que además están sujetas a eco-condicionalidad, hasta que demuestren que sus actividades hipersubvencionadas, son compatibles con la presencia y funcionalidad ecológica de los lobos. En caso contrario, sanción y cancelación de todas las ayudas. ¿A qué acabarían así los responsables públicos con su supeditación y genuflexión a las «organizaciones agrocaciques de ganaderos de chigre»?
Las situaciones conflictivas las causa «el ganado abandonado (choques con vehículos o trenes), los perros sin control, que llegan a atacar gravemente a personas, y especialmente, los cazadores, cuya amenaza es cotidiana». Que el gobierno asturiano ampare a quienes amenazan el patrimonio público de todos es vergonzoso, y debería implicar la dimisión de toda la Consejería de Medio Rural del Gobiernín asturiano.
La ganadería es un bien privado, no público, es una actividad económica más (como la minería, etc.) y resulta perjudicial para la biodiversidad. Los responsables de atender y proteger el ganado son los ganaderos, por Ley. Si algunos (una minoría ruidosa) no lo saben hacer, que se dediquen a otra cosa, a algo que sí sepan hacer.»